El triunfo de los perdedores...

El triunfo de los perdedores

Los indignados logran que la clase política se comprometa a ahondar en la regeneración democrática. La banca ignora la protesta

Mes y medio después del estallido, el Movimiento 15-M ha logrado acelerar leyes olvidadas como la de Transparencia, reabrir el debate sobre la vivienda y estrechar el cerco a la corrupción política

¿Son un fenómeno pasajero o han revolucionado el sistema hasta el punto de forzar una reflexión profunda sobre los pilares que lo sustentan? Un mes y medio después, el movimiento social que arrancó una tarde de domingo en ciudades de toda España para exigir Democracia Real Ya empieza a calar en las instituciones. ¿Perroflautas antisistema o miles de indignados con sólidas razones para romper el silencio del descontento? El Parlamento ha escuchado algunas de las reivindicaciones que enarbolaron los Acampados de Sol -desde el 18 de mayo hasta el 12 de junio- y secundaron miles de jóvenes en campamentos improvisados en el centro de las grandes ciudades y en multitudinarias marchas de protesta ante las instituciones.

La ley de Transparencia, un proyecto aparcado desde hace varias legislaturas y que ha ido apareciendo y desapareciendo en los programas electorales de los partidos, parece haber salido por fin del congelador. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció el pasado viernes que el proyecto será remitido al Parlamento "en una o dos semanas". La falta de transparencia en la gestión pública, la escasa información sobre las cuentas nacionales y autonómicas y el opaco funcionamiento de los aparatos de los partidos han sido claves en el malestar de los indignados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dado un paso adelante al anunciar candidaturas electorales abiertas en su región.

También exigían los indignados poner coto a los privilegios económicos de los políticos y sus ventajosos planes de jubilación, aunque sean menos escandalosos de lo que percibe una opinión pública sumida en la crisis. Como la protesta por la presencia de imputados en las listas electorales, sinónimo de corrupción para los indignados pero logro social para los juristas más progresistas. El imputado puede ser inocente. El procesado es en realidad el sospechoso, pero ni jueces ni fiscales lo explican. Y la clase política ha sido sensible a la indignación. El pasado miércoles, el Congreso aprobó una propuesta para que las Cámaras publiquen el patrimonio de diputados y senadores y se endurezca el régimen de incompatibilidades. La Comunidad de Madrid retiró de las listas de las últimas elecciones a los principales candidatos imputados.

Los políticos también han escuchado la voz de los acampados en el difícil mercado de la vivienda. Una subcomisión del Congreso estudiará mejoras en el sistema hipotecario para controlar las situaciones abusivas. El Movimiento 15-M no es ajeno a la proliferación de patrullas ciudadanas que impiden el desahucio de familias y han afeado la cláusula bancaria que obliga a quien no puede afrontar las letras a devolver las llaves de la vivienda y seguir pagando la deuda de un piso que ya no le pertenece.

"Vivimos tiempos comparables a la Gran Depresión. El sistema tiene que cambiar de arriba abajo y los indignados han dado el primer paso", dice José Félix Tezanos, catedrático de Sociología de la UNED.

Tezanos traza una radiografía en negro: "La crisis actual es de una magnitud incalculable. Para que las sociedades funcionen tiene que haber un cierto equilibrio entre ganadores y perdedores. Ese equilibrio ahora está roto porque el 70% de los jóvenes -entre parados y subempleados- están cuasi fuera del sistema, al igual que los 4,9 millones de desocupados; el 31% de las familias que no llega a fin de mes y la destrucción cotidiana e imparable de pequeñas empresas. Si a eso sumamos a los inmigrantes vulnerables, que son muchos, a los desahuciados, a las legiones que comen de la caridad y a otros colectivos desfavorecidos, nos encontramos con que los ganadores son cada vez menos y los perdedores, más". "Y estos", avisa Tezanos, "tienen poco que perder. Así que el 15-M puede acabar con la integración en el sistema, mediante la creación de un partido propio o con cualquier otra forma de participación que suponga una alternativa real o con un estallido de violencia similar al de Grecia".

El catedrático de Sociología de la UNED, vinculado al PSOE a través de la revista Temas, cree que la clase política no es consciente de la magnitud de una crisis que ha alterado los hábitos vitales de varias generaciones: "En 1970, la gente se casaba entre los 25 y los 28 años. Ahora, los pocos que se casan lo hacen más allá de los 35". Tezanos solo ve posible salir del túnel si la clase política antepone el consenso a las diferencias y desde la unidad "cambia el modelo económico de los pies a la cabeza". ¿Con el permiso de las autoridades comunitarias? "O sin él", responde Tezanos. "Esta situación es insostenible".

¿Es preciso también cambiar las leyes o sería suficiente con cumplir las que hay? Emmanuel Rodríguez, sociólogo de la Universidad Complutense, alerta de que el 15-M es más un movimiento de "reinvención de la democracia", que de su mera regeneración. Esa misma democracia que, apunta Rodríguez, permite a Esperanza Aguirre gobernar con mayoría absoluta solo con el voto del 25% de los madrileños. La democracia requiere igualdad de oportunidades, pero "es difícil llamar democracia a un sistema que corroe derechos sociales básicos como la sanidad y la educación", lamenta.

El cambio de las estructuras del sistema financiero y los excesos de la banca han constituido uno de los ejes de la proclama del movimiento. Sin embargo, la mayoría de los expertos, que alaban otras propuestas de los indignados, rechazan "salidas maximalistas e irrealizables", como la nacionalización del sector bancario o la toma de control de las empresas. Esta es la principal crítica de la catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Isabel de la Torre, que lanza un capote al capitalismo al recordar que ha hecho posible un bienestar social en los dos últimos siglos como nunca antes se había vivido. "La revolución industrial inglesa originó dos grandes sistemas económicos, el capitalista y el comunista. No hace falta decir cuál de los dos funciona mejor, a pesar de los problemas que padecemos".

De la Torre cree que el 15-M ha confirmado, por un lado, el poder de las redes sociales e Internet que ya se vislumbró, por ejemplo, con el Prestige. Y, por otro, que pueden existir movimientos masivos horizontales, sin jerarquía ni estructura. Esta experta cree que lo peor para estos jóvenes es que carecen de futuro, y todo este cóctel puede derivar tanto "en lo sublime como en lo ridículo. Ya se verá", comenta. De la Torre piensa que con corregir los errores del sistema, como los excesos financieros, la especulación y la corrupción, este puede recuperarse. "Está muy bien denunciar el mal uso de las instituciones, como han hecho estos jóvenes, pero tienen que ofrecer alternativas viables", señala.

Pero el 15-M no tiene un catálogo de propuestas. Está todavía en construcción, como apunta el profesor Emmanuel Rodríguez. Carece de una parrilla de alternativas sobre los partidos políticos, los bancos, la vivienda o el sistema electoral. Lo que el 15-M tiene claro, según Rodríguez, es que "la crisis la pagan los más débiles", mientras "los beneficios se quedan en manos de un pequeño grupito de agentes financieros". El desempleo es la cara más visible de la crisis (en la UE hay 30 millones de parados), pero los Estados inyectan grandes cantidades de dinero público a los bancos. "Esto ha contribuido al circuito especulativo de la crisis. Les ha otorgado liquidez, pero los bancos no la han usado para dar créditos a los particulares. Tanto en la UE como en España se han puesto los intereses financieros por encima de los intereses de las personas", lamenta Rodríguez.

Para intentar romper esta dinámica, Ismael Peña, politólogo de la Universidad Oberta de Cataluña, aboga por un cambio radical, sin parches. "El sistema no es inflexible ni está anquilosado. Era eficiente y eficaz para una sociedad industrial, pero no es ni eficiente ni eficaz en la sociedad de la información", reflexiona Peña, consciente de que Internet ofrece la oportunidad de "repensar todo el marco". Y para ello, considera necesario rehacer los sindicatos, los Gobiernos, la forma de organización de la ciudadanía. "El cascabel lo tienen que poner las bases. Tenemos instituciones que deberían facilitar esta transformación, pero no lo han hecho. Es necesario ir cambiando poco a poco la dinámica de los partidos. Y a medida que cambien, lo harán los Parlamentos". Peña sostiene que PSOE y e IU están en disposición de abanderar la gran metamorfosis. "Han tocado fondo. Pueden utilizar el partido para cambios sociales". La refundación, eso sí, debe hacerse "desde las bases".

Las demandas del 15-M son heterogéneas y plurales. "Es un movimiento incipiente y embrionario. Una fuerza que se ha despertado. Hay muchos grupos en discusión. Democracia Real Ya es uno de ellos, pero no agrupa todas las voluntades", enfatiza el profesor de Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares Germán Cano, que colabora en el subgrupo creado para analizar los medios de comunicación externos. "Lo que motiva a los indignados es la sensación de malestar y frustración. Y el 15-M está en situación de canalizar esa indignación. No plantea una crítica a la democracia o a las instituciones en sentido general, sino a la lógica de los partidos", dice Cano, uno de los firmantes del manifiesto de filósofos en apoyo al 15-M, un proceso colectivo que "ha sacudido la atmósfera de cinismo y apatía generalizada" que imperaba en la sociedad. ¿Llegarán los indignados a constituirse en un partido político? Cano es pesimista: "No es una demanda que guste a la mayoría. No tanto por apoliticismo como por una resistencia radical a las mediaciones".

Las reflexiones en torno al Movimiento 15-M

- Reforma electoral. El modelo español proporciona estabilidad política pero perjudica a las minorías estatales y distorsiona el peso de la población. Los indignados reclaman un sistema que permita equiparar el valor de los votos independientemente de donde procedan. PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios, son los principales beneficiados por la ley actual y no parecen dispuestos a emprender la reforma.

- Los privilegios de la clase política. El 15-M ha canalizado la decepción de la sociedad española con la clase política por su lejanía, las prebendas de las que goza (salarios, jubilaciones, coche oficial, dietas, asignaciones de libre disposición) y la corrupción política. La ciudadanía presiona para que se produzca una regeneración de las instituciones públicas y reclaman candidaturas abiertas. El Senado ya emplea este sistema, pero no permite alterar el orden. Cambiar el sistema electoral presenta infranqueables resistencias de los partidos y las cúpulas dirigentes, que no parecen dispuestos a renunciar a su actual cuota de poder.

- Descongelación de la Ley de Transparencia. España es uno de los países más opacos de la Unión Europea en lo que se refiere a las cuentas de los organismos públicos. Existe una norma sobre la reutilización de la información pública que se queda corta y la ciudadanía reclama una mejora sustancial en este ámbito. El pleno del Congreso pidió la semana pasada al Gobierno que presente antes de agosto la Ley de Transparencia, que lleva meses atascada, y el Ejecutivo se ha comprometido a hacerlo.

- Control de la banca. Se acusa al sector financiero de colaborar en el origen de la crisis con préstamos hipotecarios que alimentaron la burbuja inmobiliaria, una mala gestión que ha costado millones al contribuyente y que se ha traducido en un recorte de créditos a familias y a pymes, mientras los bancos mantienen las altas retribuciones a sus directivos. La ciudadanía propone que se prohíban los rescates, la nacionalización de entidades en dificultades y se sancione la mala praxis bancaria. Los expertos, más comedidos, piden una supervisión, pero se muestran reticentes a la creación de una banca pública.

- Imputados en las listas. Un imputado no es más que alguien sujeto a indagación judicial y, por lo tanto, esta condición no es sinónimo de condena anticipada, pero la opinión pública no entiende de denuncias falsas contra ellos, y los integrantes del Movimiento 15-M exigen que salgan de las listas electorales.

- Alternativas al desahucio. La burbuja inmobiliaria unida al paro ha dejado a miles de familias sin casa. Las plataformas ciudadanas han parado pacíficamente 42 desahucios en toda España y piden que se aplique la dación en pago o que se convierta el parque inmobiliario en un banco de alquiler social. El sector financiero se muestra contrario a reformar las leyes, ya que considera que el cambio hundiría aún más el mercado del ladrillo.

- Crisis de representatividad. Los indignados pusieron de relevancia las debilidades de la democracia, basada en el liderazgo de la clase política. Algunos politólogos dudan de la viabilidad de un sistema organizativo en el que cada decisión tenga que ser refrendada por la asamblea. Los indignados abogan por que los ciudadanos puedan votar mediante un mensaje de texto o por medio de las redes sociales.

- Democracia directa. Las consultas vinculantes hacen al ciudadano dueño de su destino, pero la experiencia de Suiza y California aconseja manejar con cautela las iniciativas populares y los referendos, donde se han aprobado cuestiones inconstitucionales. La Constitución prevé la iniciativa legislativa popular mediante la presentación de 500.000 firmas.

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